Analizan la Reforma Política del Distrito Federal
“Con la reforma política no surge el estado 32, porque no se tendrán municipios ni autonomía plena y sólo habrá avances milimétricos para los habitantes de la capital, señaló Martí Batres Guadarrama”, presidente de Morena en la ciudad de México, durante la mesa redonda La Reforma Política de la Ciudad de México, efectuada el 17 de febrero de 2016, en el vestíbulo del auditorio del plantel Del Valle de esta casa de estudios.
Opinó que sobre este tema existe una gran desinformación, puesto que los artículos 44 y 122 de la Carta Magna permanecen sin modificaciones. “El artículo 44 de la Constitución federal determina que la ciudad de México se convertirá en un estado cuando los poderes de la Unión y la capital del país se trasladen a otra parte de la República, mientras que el artículo 2º hace la distinción de la soberanía de los estados y la autonomía de la ciudad, que es el mismo estatus que tienen el Banco de México (BM) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); es decir, se cuenta ‘con un estatuto de autonomía, no de soberanía’”.
“En el artículo 122 ya hay una gran parte de la constitución de la ciudad México, pues señala toda la organización política de la capital, y, aunque la Asamblea Constituyente decida que haya municipios libres, la parte conservadora de la vida política recurría a una acción de inconstitucionalidad, porque ahí se dice que no hay municipios; es parte del engaño, no podemos decidir libremente porque una parte ya está decidida”, enfatizó.
Ante la nutrida audiencia de universitarias y universitarios, Batres Guadarrama dijo que la desinformación sobre las llamadas alcaldías “es una tomadura de pelo, porque lo que conocemos como delegaciones políticas, o demarcaciones territoriales, es unitaria y centralizada. Habrá unos concejales que no tienen facultades muy precisas y su costo se calcula puede llegar a unos cinco mil millones de pesos, casi lo que cuesta la pensión universal de los adultos mayores”.
Abundó en que no se tendrán municipios, pero sí el costo burocrático de mantener a los concejales de las demarcaciones territoriales que hoy son 16, pero que podrían ser más, porque hay la posibilidad de la subdividirlas: “es decir, vamos a mantener a una nueva burocracia, sin que esto signifique mayores facultades de las demarcaciones que forman parte de la administración central”.
“Para la ciudad de México tampoco habrá autonomía financiera, pues se deja intacto el artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso de la Unión aprobar las solicitudes de endeudamiento y financiamiento del Gobierno del Distrito Federal y de sus entidades paraestatales” añadió.
Por lo anterior, dijo que únicamente habrá dos alcances de esta reforma política: que la Legislatura de la ciudad de México participará de las reformas constitucionales federales y con ello formará parte del Constituyente Permanente, y el otro es que todos los temas podrán ser legislados en la ciudad, a excepción de aquellos que estén conferidos a la Federación.
Batres Guadarrama fustigó que de los 100 constituyentes que participarán de la redacción de la constitución local, 40 de ellos sean diputados designados “por dedazo” y 60 electos por el pueblo, porque es un regreso a las formas monárquicas en las que se beneficia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que podría alcanzar hasta 30 constituyentes, cuatro veces más de lo que le da el voto ciudadano.
En su oportunidad, el senador Mario Delgado Carrillo coincidió en que en esta reforma quien gana es el PRI, que está sobrerrepresentado con sus aliados del PAN y PRD, porque “es un pacto político del Pacto por México”, por lo que indicó que no es de extrañar que el borrador de la constitución salga de Los Pinos.
“Al PRI no le interesa esta constitución, lo que le interesa es proteger la vigencia de sus reformas estructurales y para ello necesitan la Ciudad. La gran paradoja de todo esto es que la demanda histórica de la izquierda de la reforma política puede convertirse en la puerta de entrada del PRI”, advirtió.
También señaló que, al ser una mega urbe, no conviene que las delegaciones se conviertan en municipios porque implicaría la desintegración de los servicios públicos, como lo sería el dividir el sistema de aguas para darle a cada delegación o municipio el tramo que les corresponde, o dividir a la policía. “Hay varios inconvenientes de la vida municipal, tenemos déficit de derechos políticos, gobiernos unipersonales contra cabildos que, en teoría, tienen una mejor representación de la ciudadanía, pero necesitábamos una figura intermedia entre un estado y lo que es la capital”.
También mencionó que mientras no se tenga autonomía financiera, y se siga solicitando el endeudamiento a la Cámara de Diputados, no se tendrá capacidad de planeación en la ciudad, a diferencia de otras grandes urbes, porque no se sabe con cuánto dinero se contará para el siguiente año, al tiempo que reiteró el trato injusto en el pacto fiscal por la forma inequitativa en que se distribuyen las participaciones, en el que los grandes perdedores son el Distrito Federal y Tabasco.
En tanto, Carlos César Cárdenas Márquez, ex magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), destacó que el grado de eficacia constitucional en México es casi nulo, pues los grandes principios de la Carta Magna, como la separación de poderes; el reparto justo y equitativo de la riqueza; la justicia rápida y expedita; la educación pública gratuita; el derecho a la salud, al trabajo, a un salario digno, entre otros, “son ignorados y supeditados a un reglamentarismo de ínfima escala normativa”.
Se pronunció porque haya una separación real de poderes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje de estar supeditada al Ejecutivo Federal y porque la Asamblea Constituyente concrete los pendientes en un país donde la clase política es un problema de fondo.
Esta mesa redonda fue organizada por académicos de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y moderada por Óscar González, profesor en la Maestría de Derechos Humanos de la UACM.
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