La matanza estudiantil fue un crimen de Estado: general José Francisco Gallardo Rodríguez.

La matanza estudiantil fue un crimen de Estado, aseguró el general José Francisco Gallardo Rodríguez, al impartir la conferencia magistral El papel del Ejército Mexicano en 1968, en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), quien además hizo un llamado al presidente electo –Andrés Manuel López Obrador– para que a partir del 1 de diciembre se abran todos los archivos de ese instituto armado –porque así se va a cambiar la historia de México– y se pronunció porque sea un civil quien dirija al Ejército, así como por la creación de la Guardia Civil conformada por la sociedad.

Ante una nutrida audiencia, el ahora doctor en Administración Pública, puntualizó que “todos los archivos que genera el Ejército son de orden público. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una institución de carácter civil público”. Indicó que, si se abren todos los archivos, se sabrá sobre los asesinatos no sólo del 1968 y 1971, sino del general Francisco Roque Serrano (cuando el cambio de poderes de Álvaro Obregón), el crimen contra el líder agrario Rubén Jaramillo, los casos de Iguala, Tlatlaya, Aguas Blancas y la guerra sucia contra los zapatistas, entre otros.

Sobre su propuesta para que un civil dirija la Sedena, Gallardo Rodríguez dijo que la administración pública es un asunto civil “y esa cartera es de carácter civil del Estado”. Señaló que los militares serían dirigidos por un Estado Mayor Conjunto conformado por Ejército, Marina y Fuerza Aérea “y el civil que va a desempeñar una función del Estado, debe estar pendiente para mantener en su sano juicio a la autoridad civil, para que no disponga del Ejército para dirimir asuntos de carácter social o político”.

Respecto a la Guardia Civil, refirió que ésta debe estar conformada por la sociedad civil y no por militares o policías, porque los primeros deben regresar a sus cuarteles. Por ello, pidió que se revise y se de cumplimiento al artículo 39 constitucional, y agregó que el poder público tiene miedo de que la sociedad se empodere y ejerza sus derechos.

Agregó que si se conforma dicha Guardia, se ayudaría a terminar con la inseguridad, además de que no costaría un peso y “el Estado tiene que admitir que el pueblo se puede defender. La Guardia tiene muchas características: no cobra, actúa con autorización de su asamblea, es el pueblo organizado. No es que cualquiera ande armado. Es institucional, federal, democrática, local, no profesional, no gana nadie nada, opera en asamblea, y en campaña, cuando lo necesita el presidente, con autorización del Senado”.

Puntualizó que esta Guardia Civil deberá operar a través de una planeación estratégica de defensa civil, para lo cual se debe empezar por manzanas, “buscar un líder, ver quién es, debe haber un sistema de organización a través de asambleas, de un padrón, de tal forma que nos conozcamos”.

El general mencionó que entregó al presidente electo un documento con una Planeación Estratégica Nacional, en la que realiza una serie de propuestas, como lo es la Guardia Civil; la incorporación de los integrantes del Estado Mayor Presidencial a sus áreas de origen; la designación del titular de la Sedena, así como un diagnóstico del colapso del Estado y de su sistema de Justicia, así como la crisis humanitaria que se vive.

Explicó que la Planeación Estratégica Nacional propone remediar la situación anterior, a través de restituirle al Estado mexicano su facultad “de ejercer violencia legítima dentro del Estado de Derecho que es la estructura legal que permite a la autoridad hacer lo que la Ley ordena, la Constitución. Además, desmilitarizar todas las estructuras de carácter público. Los militares tienen que regresar a sus cuarteles, tope donde tope. El debate en un Estado democrático es civil, no militar”.

Indicó que la metodología a seguir sería: que al presidente de la República se le debe dar un estatus constitucional de comandante supremo de las fuerzas armadas, porque está en la Ley secundaria y a partir del 1 de diciembre se decrete la incorporación del Ejército a sus cuarteles, quitarle las misiones de orden interno, abrogar la Ley de Seguridad Interior y reestructurar las currículas de educación militar, mismas que debe hacer el Congreso.

Gallardo Rodríguez también dijo que se debe decretar la incorporación de los más de 500 mil desertores del Ejército y regularizar su situación porque, dijo, desde 2007 a la fecha han abandonado las filas militares más de medio millón de personas y muchas de ellas se han incorporado a las filas del crimen organizado y, lo peligroso de esto, es que conocen el manejo de armas, de explosivos, de misiones y cómo opera el mando militar.

También dijo que se debe modificar la Ley del Servicio Militar Nacional y cuando el Ejército participe en los asuntos de ayuda y asistencia social sea a petición de parte, “aquí se activa y se utiliza esa labor social para infiltrar y se transforma en un servicio de inteligencia”.

Respecto al 2 de octubre de 1968, señaló que se trató de un crimen de Estado, bien planeado y estructurado; no se trató de una confusión como pretenden hacer creer. “Es una política de Estado, porque a raíz de lo que dice el alto mando se articula una estructura de poder que va a desenlazar en una operación que tiene por objeto cumplir con la orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, “de evitar una desestabilización de los comunistas, para impedir los juegos olímpicos”.

Añadió que en el libro Parte de Guerra, de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, hay archivos que el nieto del general Barragán (Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional con Díaz Ordaz) le donó a Scherer y hay documentos que traen sellos, la gente que firma, las copias a las unidades que son responsables de la operación que se intituló “Misión Azteca”, y a raíz de eso, hay declaraciones y narraciones de gente que dice que la matanza del 68 fue un crimen de Estado”.

El general –encarcelado durante nueve años por proponer un ombudsman militar, adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional en 1997 y reconocido por la misma organización en 2001 como defensor de derechos humanos– dijo que hubo una serie de acontecimientos que desencadenaron en la matanza estudiantil y lo que sucedió en aquel momento “es una confrontación de carácter democrático ante una estructura de poder autoritario que todavía tenemos”.

Finalmente, Gallardo Rodríguez advirtió que si el presidente electo nombra como titular de la Sedena al general Alejandro Saavedra, no se abrirían los archivos del Ejército porque, dijo, por algo el alto mando lo envió como Jefe del Estado Mayor de la Sedena, luego de cumplir su misión en el caso Iguala y antes en Tlatlaya, y su labor sería borrar las evidencias de esos casos. Lo mismo sería si se nombra a cualquier otro general, porque, concluyó, los mismos militares están inmiscuidos en esos acontecimientos.