El transporte público como mecanismo de disminución de las desigualdades urbanas.

En el marco del Segundo Congreso Internacional sobre los Derechos Sociales en América Latina, se llevó a cabo la conferencia magistral "El transporte público como mecanismo de disminución de las desigualdades urbanas: el derecho humano a la movilidad", impartida por el Mtro. Álvaro Lomelí Covarrubias, Coordinador General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Sedatu

Lomelí señaló que el derecho humano a la movilidad se goza primero en México, antes que en cualquier otro país y en el que se ha trabajado desde el 17 de mayo de 2022; las motivaciones para impulsar el reconocimiento a este derecho fueron las más de 15,000 muertes al año, derivadas de siniestros viales de los cuales el 47% fueron padecidos por peatones, seguido de los ocupantes de vehículos, representando un 33.4%. Respecto a la motorización de vehículos y las cifras que se manifiestan en el país, Lomelí mostró que hubo un crecimiento, al existir una cantidad superior de ingreso vehicular que de nacimientos humanos y, a pesar de ello, no toda la población cuenta con un automóvil particular.

En cuanto a la desigualdad en la movilidad y territorio, el servidor público resaltó que los gastos destinados al uso de transporte público derivan en el descuido de la alimentación, recreación u otros gastos básicos, ya que en promedio se destina alrededor del 56% de ingresos en gastos de transporte. Aunado a ello, el tiempo de traslado de los mexicanos es de alrededor de 118 horas al año, derivado de la lejanía de las viviendas; se estima que gastan un 50% más en pasajes que las viviendas más cercanas al centro. Otro dato que destacó es que el 54.4% de las mujeres consideran sentirse muy inseguras en los medios de movilidad pública.

El Mtro. Álvaro consideró que estas desigualdades derivan de la forma empresarial y desintegrada en que se había manejado durante décadas este servicio; en ese sentido, resaltó la importancia de intervenir en el círculo vicioso del transporte público, en el que su deficiencia deriva en la pérdida de mercado, con lo que empeora el servicio y, con ello, más personas tienen necesidad de un vehículo motorizado propio, lo que conlleva una sobrepoblación de automóviles y mayor congestión en los tiempos de traslado.

Con la llegada del derecho humano a la movilidad, las distintas instancias gubernamentales han abordando la problemática desde sus respectivas incidencias. Tener una ley general es un primer paso para dar pie al cambio. Consideró que deben existir mecanismos para sancionar y con ello cambiar las malas prácticas. Compartió que el enfoque de esta iniciativa está articulada a otras intervenciones estatales que, de acuerdo a la política de expansión urbana, se articula a modo de converger y ser funcional viendo al transporte como un eje de ordenamiento territorial y de desarrollo metropolitano